Aplicaron la Ley Organica de Precios Justos a grupo de clínicas privadas

Noticiero Venezolano.-  Durante un despliegue a nivel nacional ordenado por la superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, Eneida Laya, se multó a 31 clínicas privadas por negarse a cumplir con lo dispuesto en la ley orgánica de precios justos (LOPJ).


Las multas por infracciones a la LOPJ son el 20% de los ingresos netos anuales de estos centros de salud privados, según lo establecido en este instrumento legal que mantiene estándares para el buen funcionamiento de los sectores económicos, con márgenes de utilidad sostenibles y que a su vez permite la población, en caso de querer atención médica privada, acceda a estos servicios.

Los 31 centros de salud privados violaron el párrafo 1 del artículo 38; Sección 46; números 3 y 11; Sección 47; números 2, 3, 4,11, 49 y 56 de la LOPJ.

En este sentido, el viceministro de Comercio Nacional, Daniel Gómez, destacó que la intención de Sundde es despertar respeto pero no miedo.

“Queremos que la Sundde sea una institución respetada por los agentes económicos, no tenemos por qué tenerle miedo. Estas clínicas son multadas por no brindar información relevante y seremos respetados ", dijo.

Por su parte, la inspectoría Elio Córdova, definió inaceptable que estos prestadores privados de servicios de salud realicen prácticas especulativas y condicionamientos sobre los usuarios.

“Creemos en un diálogo franco y honesto para la construcción colectiva del país que los venezolanos necesitan y quieren, por eso es fundamental contar con mecanismos de atención y provisión sinceros en materia de bienes y servicios”, dijo Córdova.

Las medidas serán presentadas al Ministerio Público (PM) para su procesamiento, bajo la presunta comisión de delitos de especulación, condicionamiento y / o usura.

Estas acciones llevadas a cabo por el Departamento de Sanciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), tienen como objetivo garantizar un juicio justo por cada delito cometido por el organismo, para que cada empresa haya notado las violaciones. por la cancelación del monto señalado en la infracción, sin interrupción alguna de su funcionamiento.

“Dentro del brazo operativo del Estado, esta institución está comprometida con el pueblo venezolano y obligada a no ceder ni un ápice ante arbitrariedades o atropellos que dañen la calidad de vida”, concluyó Córdoba.

O.H. |  www.noticierovenezolano.com

     

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